VENEZUELA Y LA CRISIS
Como en la mayoría de los países, Venezuela no se abstraerá de la crisis que afecta al mundo globalizado, y es el trastorno de los precios del petróleo el prodigio que más nos perturbará. Pero la crueldad de las consecuencias terminara siendo más graves de las que podrían suceder, debido a la disposición de políticas y acciones de gobierno que encolerizan la vulnerabilidad de la economía a efectos externos.
La política de exceso en el gasto público durante la bonanza petrolera facilitó la irrigación de recursos adicionales a la economía procedentes del exterior, extendiendo la oferta monetaria. Se estimuló la demanda, en el consumo, y la actividad productiva. Pero la alta producción fue menor que la demanda, haciendo imperiosa la importación masiva de productos para atender la oferta interna. Esa realidad unida a la sobrevaluación de la moneda, llevó que las importaciones se levantaran. La inflación fue cada vez mayor. La economía dependió más que nunca del petróleo.
La caída del ingreso por venta de petróleo involucrará una dura limitación de las finanzas públicas, conllevando prever una importante contracción del gasto público real. El consumo privado se contraerá, por la reducción del ingreso personal. Ese comportamiento restringirá la actividad económica, tanto el PIB petrolero como el no-petrolero enfrentarán conflictos lamentables. Consideremos un aumento del desempleo y del subempleo.
Nuestra Constitución ofrece un sistema de economía mixta que, basado en la planificación concertada, participativa y democrática de las actividades económicas, para complementar la libre iniciativa con la regulación de esas actividades y la oficiosidad del Estado en los fragmentos de signo estratégico; para promover el desarrollo armónico de la economía nacional, como cometido conjunto del Estado y de la iniciativa privada; y de un modo tal que garantice, además de la solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, está la seguridad jurídica. Seguridad que implica, el respeto a los derechos fundamentales, el cumplimiento del debido proceso y pago oportuno de las indemnizaciones en casos de sacrificios de los derechos particulares; correcta interpretación de las normas vigentes, la independencia del Poder Judicial y el respeto de los contratos y de los tratados de inversiones suscritos por la República.
La abstracción del debido proceso en la intervención de actividades económicas privadas, con intervención de las Fuerzas Armadas, pone de lado las garantías del derecho de propiedad y de la justa indemnización. La reiterada culminación de contratos contraídos por el Estado y la interferencia estatal en contratos entre particulares, la disposición abusiva de la coerción administrativa de ocupación de bienes privados, y el empeño exagerado en calificar la utilidad pública, contribuyen a la inseguridad jurídica que impide lograr objetivos de desarrollo armónico de la economía. Inseguridad ésta que se acrecienta por el no reconocimiento de la validez de los títulos de propiedad reforzados de origen por el ordenamiento jurídico colonial y del republicano y el valor del trabajo como factor de legitimación de la propiedad de la tierra mediante una prolongada posesión productiva. Incorporemos la ineficacia del poder judicial para proteger los derechos constitucionales de la propiedad.
La intervención y confiscación de fundos productivos, viola derechos fundamentales, genera desabastecimiento e inflación, limita la capacidad de acción de las unidades de producción y destruye el aparato productivo tradicional.
Creemos que hay que implementar un plan de desarrollo integral y sustentable que procure mejor imagen de Venezuela en el mundo.
En la Venezuela no existen las condiciones de seguridad jurídica que un empresario necesita para hacer cálculos y planificaciones a largo plazo. Esta imprevisibilidad implica un aumento de los costos de transacción y un descenso en el monto de las inversiones, porque hay que mantener reservas para cubrir los altos costos de las transacciones y los riesgos de la inseguridad jurídica.
Para que pueda darse la confiabilidad y previsibilidad del sistema legal son necesarias algunas condiciones: la seguridad jurídica exige igualdad ante la ley y que el poder legislativo esté sometido a un orden constitucional, así como un acceso individual al Derecho con procedimientos transparentes, rápidos y capaces de solucionar los conflictos que no puedan solucionar individualmente.
Venezuela apuntala las naciones cuya inseguridad jurídica ofrece condiciones adversas en América Latina, a la inversión extranjera.
